La sanidad como derecho, no como negocio
Como simpatizante de izquierdas no puedo más que sentir una profunda indignación al ver cómo la sanidad pública andaluza, patrimonio común y garantía de igualdad, se va erosionando a golpe de transferencias millonarias hacia la privada. Lo que comenzó siendo una medida excepcional en pandemia, hoy se ha convertido en norma: contratos adjudicados sin transparencia, prórrogas a dedo y un trasvase constante de dinero público a empresas cuyo objetivo último no es la salud de la ciudadanía, sino el beneficio económico.
Y cuando hablamos de posibles casos de prevaricación administrativa o corrupción ligados a estas adjudicaciones, el escándalo es mayúsculo: jugar con la salud de millones de personas para engordar las cuentas de unos pocos.
La derecha nos intenta convencer de que la colaboración con lo privado es inevitable, de que sin clínicas concertadas las listas de espera se dispararían aún más. Pero lo que nunca explican es que esos recursos, si se invirtieran en reforzar la estructura pública —más personal, más medios diagnósticos, más quirófanos—, no solo reducirían las esperas sino que fortalecerían el sistema en su conjunto. Cada euro público que va a manos privadas se multiplica en costes de gestión, publicidad, dividendos y beneficios empresariales que no curan a nadie.
La alternativa existe y es viable: gestión pública directa, transparente y planificada, sin la distorsión del lucro. En un hospital público, cada mejora revierte íntegramente en el sistema: se traduce en más médicos, más enfermeras, mejores equipos y atención más rápida. No hay accionistas que cobrar, ni intermediarios que encarecen el proceso. En lo público, la sanidad no es una mercancía, es un derecho.
Por eso, como ciudadano, defiendo que debemos poner freno a esta dinámica de privatización encubierta. No se trata de ideología vacía, sino de eficacia y justicia social. La sanidad pública es más barata a largo plazo, más equitativa y más democrática. Lo privado tiene su espacio, sí, pero nunca debe ser el plan B estructural de un gobierno que abdica de su responsabilidad de garantizar una atención universal y de calidad.
La salud de Andalucía no puede seguir siendo rehén de contratos opacos ni de intereses empresariales. O apostamos por lo público con valentía, o dentro de unos años nos encontraremos con un sistema dual: uno privado, ágil para quien pueda pagarlo, y otro público, degradado y residual para quienes no tengan alternativa. Y eso no es justicia social: es volver a una sanidad de clases.
La izquierda debe tener claro su papel: denunciar cada abuso, exigir transparencia y pelear por un modelo sanitario donde cada euro público vaya íntegramente a donde debe ir: a la salud de todos y todas.
¿Te queda un poco más claro ahora, qué papeleta debes depositar en la urna en las próximas elecciones?
Dime lo que piensas en un comentario, si te apetece.
Comentarios